Corrupción, politización e ineficacia del sistema educativo

La corrupción, politización e ineficacia del sistema educativo son las conclusiones de una encuesta pasada al profesorado de Secundaria de Cataluña, sobre diferentes aspectos académicos.

Antonio Jimeno Fernández.
Sindicato AMES.
www.ames-fps.com
Barcelona, 14 de junio de 2018

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Resumen. A partir de una encuesta realizada a profesores de Secundaria de Cataluña, se ha podido constatar que, en bastantes centros, se regalan falsos aprobados, un porcentaje elevado de los alumnos no tienen interés en aprender, hay profesores que transmiten en clase sus ideas políticas personales, muchos profesores no disponen de la potestad necesaria para poder corregir las faltas de comportamiento de los alumnos, y que existen soluciones para todo ello, pero determinados partidos políticos, ayudados por bastantes sindicatos, se niegan a aplicarlas.

1. INTRODUCCIÓN

Después de la encuesta sobre violencia escolar realizada en enero de 2018 y del informe sobre las condiciones laborales del profesorado de Cataluña de mayo de 2018, ambos realizados por el sindicato CSIF, el sindicato AMES ha realizado una encuesta al profesorado de Secundaria de Cataluña sobre los aspectos académicos, es decir sobre el grado de interés del alumnado en aprender, la potestad del profesorado para calificar a sus alumnos, su autoridad para corregir los fallos de comportamiento, la existencia o no de politización política partidista en los centros, etc. También se ha preguntado al profesorado sobre la idoneidad de algunas propuestas de mejora.

Han contestado la encuesta 105 profesores (90 de ESO y Bachillerato y 15 de FP), de los cuales 100 son de enseñanza pública y 5 son de enseñanza concertada, habiendo una proporción razonable de las diferentes comarcas.


2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

2.1. Una de las preguntas más significativas ha sido la de saber si en los centros educativos se aprueba a alumnos que, en realidad, no han llegado al aprobado, por simple interés particular del centro, es decir para tener suficientes alumnos con los que constituir los grupos del curso siguiente.

Esta irregularidad es más frecuente e importante en las evaluaciones de cuarto de ESO, ya que sin suficientes alumnos con la ESO acabada, no se pueden organizar los grupos de Bachillerato que, debido al elevado número de asignaturas optativas de esta etapa, dan trabajo a muchos profesores.

La respuesta ha sido que sólo en el 14% de los centros esto no se hace nunca, que en el 46% se hace alguna vez y que en el 40% de los centros se hace bastantes veces o muchas veces.

2.2. La normativa de la ESO permite promocionar de curso y aprobar la ESO a alumnos con dos materias no aprobadas, siempre que no coincidan dos del trío: catalán, castellano y matemáticas. E incluso permite hacerlo con tres materias no aprobadas, si se considera que ello es beneficioso para el posterior progreso académico del alumno. En este caso es preciso un acuerdo razonado del resto de la Junta de Evaluación, en el que se tiene en cuenta la nota alcanzada y el esfuerzo realizado (DECRET 187/2015, de 25 de agosto, Artículos 26 y 27).

El problema surge cuando se abusa de esta potestad, ya bastante permisiva, y se aprueba a alumnos no para ayudarlos, sino para beneficiar al centro. Para dilucidarlo se preguntó al profesorado si en su centro se presionaba o no al profesorado para que aprobara a más alumnos.

La respuesta fue que en un 27% de los centros esto se hace con frecuencia y en un 37% esto se hace alguna vez. Solo en un 36% de los centros no se presiona al profesorado para que apruebe más.


2.3. El principal problema que se deriva de los aprobados por interés de centro, es que el alumnado constata que bastantes compañeros que no se han esforzado, que no han presentado los trabajos y que han obtenido malas calificaciones en los exámenes, acaban siendo aprobados. Esto hace que muchos alumnos de ESO, alumnos de 12 a 15 años, ya no consideren necesario seguir esforzándose, sabiendo, además, que las notas finales de la ESO no influyen para acceder al Bachillerato, ni luego se tienen en cuenta para acceder a la Universidad.

Para saber la gravedad de este problema se ha preguntado al profesorado que valore el grado de interés en aprender que tienen la mayoría de sus alumnos.

La respuesta ha sido que solo el 38% de los alumnos tienen interés en aprender, mientras que el 62% restante o tienen poco interés o no tienen ningún interés en aprender.



Es evidente que la falta de un mínimo de exigencia desmotiva al alumnado a esforzarse. Otro de los problemas que se derivan de ello es que, al acceder al Bachillerato y a la Formación Profesional alumnos que todavía no están preparados para aprovechar dichos estudios, con el tiempo, paulatinamente, los niveles propios de estos estudios van descendiendo.

2.4. La falta de interés del alumnado en aprender no lo puede arreglar la dirección y el claustro de profesores de un solo centro, ya que si lo intentara y mantuviera los niveles de exigencia, los alumnos suspendidos se irían a otros centros más permisivos y el centro debería cerrar por falta de alumnado. Es pues necesaria una intervención global, es decir una medida que afecte a todos los centros. Con este objetivo se preguntó al profesorado si consideraban que estableciendo unas pruebas externas al final de la ESO, cuya superación fuera indispensable para acceder a las etapas siguientes, aumentaría el interés del alumnado en aprender y, por lo tanto, sería más eficaz la labor docente del profesorado y disminuirían las presiones para que aprobara a los alumnos que todavía no estaban preparados.

La respuesta fue que el 88% del profesorado considera que la prueba externa final de ESO, es decir una reválida de ESO, sí mejoraría la situación.


Este resultado es muy diferente de lo que opinan los principales representantes sindicales de maestros y profesores. Es pues evidente que son estos sindicatos, y no la mayoría del profesorado de Secundaria, los que se oponen a estas pruebas finales de ESO. Una vez más, son los sindicatos que se oponen a la cultura del esfuerzo y a la transparencia del sistema, los que dificultan su mejora, ya que muchos partidos políticos y muchas Administraciones, no se atreven a establecer las evaluaciones finales de ESO, por el miedo a las protestas en las calles.

Ante una medida que solo afecta a la Secundaria, la Administración educativa no debería dar tanta importancia a la opinión de sindicatos que representan tanto a la Primaria como a la Secundaria, ya que los estímulos que pueden motivar a los niños, muchas veces no sirven para motivar a los adolescentes, y porque la necesidad de asimilar unos determinados conocimientos en el curso que corresponde, es menor en la Primaria que en la Secundaria.

2.5. Otro de los temas que más preocupan a los padres es saber si en los centros se adoctrina a los alumnos a favor de una determinada opción política. Para averiguarlo se hicieron dos preguntas. La primera fue preguntar si en su centro de trabajo había símbolos, carteles o banderas que sólo representan una determinada opción política, es decir que no corresponden a los que establece la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, por lo que son comunes a todos los ciudadanos. La respuesta ha sido que solo en el 54% de los centros no hay ninguno, pero que en un 27% hay algunos y en un 19% hay bastantes o muchos.


2.6. La otra pregunta que se hizo fue sobre si en su centro docente había profesores que transmitían a sus alumnos sus ideas políticas partidistas y los animaban a compartirlas. La respuesta fue que solo en el 28% de los centros no había ningún profesor así, que en el 42% había algunos pocos y que en el 30% había bastantes o muchos. Al final de este estudio se hace una propuesta de cómo se podría conseguir la neutralidad política partidista de los centros.



2.7. También se intentó averiguar cuál era el uso real del catalán y del castellano en los centros educativos. La Ley de Enseñanza de Cataluña (LEC) establece que la lengua normalmente utilizada es el catalán, pero en una sociedad bilingüe, castellana y catalana, eso no es fácil de conseguir. Para averiguarlo se preguntó si en su centro se utilizaba el castellano como lengua vehicular en algunas asignaturas o solo en algunos lugares, además de utilizarlo en las clases de "Lengua y literatura castellana".

La respuesta ha sido que en un 24% de los centros nunca se habla en castellano, en un 28% de los centros los alumnos lo utilizan solo en el patio o en los pasillos, en un 43% de los centros se usa en algunas asignaturas, y en un 5% de los centros se utiliza el castellano en muchas asignaturas. Estos resultados revelan que la frecuencia del uso del castellano es superior al señalado en los datos oficiales, en los que se insiste en que toda la enseñanza se ha de hacer en catalán.


2.8. Algunos expertos han comentado que la realización de pruebas externas con valor académico al final de la ESO también serían una buena medida para evitar el posible adoctrinamiento político que puedan hacer algunos profesores y para mejorar el nivel de todas las materias que se incluyeran en dicha reválida. Para saber la opinión del profesorado, se ha preguntado si ellos piensan que si al final de la ESO se estableciera una evaluación externa dependiente del Ministerio de Educación, es decir una reválida, que incluyera una prueba de "Lengua y literatura castellana" y una prueba de "Geografía e historia", que es la materia que propicia más facilidades para hacer adoctrinamiento político partidista, el alumnado mejoraría su nivel de castellano y disminuiría el adoctrinamiento político.

La respuesta ha sido que el 86% del profesorado considera que estos dos aspectos mejorarían mucho o, al menos, un poco.

Este porcentaje es muy parecido al 88% obtenido ante la pregunta sobre si estas reválidas podían estimular al alumnado a esforzarse más en aprender. Es pues evidente que estas pruebas solucionarían muchos de los problemas que tiene nuestro sistema educativo. Solo hace falta voluntad política para ponerlas en marcha.

2.9. Para saber si estas evaluaciones externas necesariamente deberían estar diseñadas, pasadas y corregidas directamente por el MECD, o bien tendrían el mismo efecto si las hiciera el propio centro siguiendo las indicaciones de la Consejería de Enseñanza, se preguntó sobre la mejora que aportaría este segundo tipo de pruebas. La respuesta fue que el profesorado partidario de que se produciría una mejora, pasó del 88% anterior a sólo un 57%. Es pues evidente que el profesorado considera que, para que esta evaluación realmente sea eficaz, ha de ser externa, es decir ha de ser una auténtica reválida.


2.10. Finalmente, el otro tema relevante estudiado ha sido conocer si el profesorado se considera respaldado por el sistema educativo en cuanto al ejercicio de su acción educadora, cuando un alumno debe ser corregido. Con este objetivo se ha preguntado que valorara el grado de autoridad que tienen los profesores de su centro para hacer cumplir sus medidas correctivas. La respuesta ha sido que casi el 50% del profesorado tiene poca autoridad o no tienen ninguna.


Es un porcentaje altísimo en un tema fundamental, ya que sin capacidad para hacer cumplir las medidas correctivas, es imposible mantener un ambiente de trabajo en el centro y en el aula, corregir los fallos de comportamiento de los alumnos y dar seguridad a los alumnos que son acosados ante sus acosadores. Es pues urgente que se le devuelva al profesorado su capacidad para aplicar sanciones, incluida la expulsión de clase, en lugar de que ello dependa de otras instancias.

3. DISCUSIÓN

Los temas analizados en esta encuesta son aspectos cotidianos que afectan todos los días al profesorado y al alumnado, que hacen que su trabajo resulte más o menos eficaz y grato y, sin embargo, no aparecen en las conversaciones entre la administración, los representantes sindicales del profesorado y las federaciones de AMPAs. Es imprescindible hablar de ellos y de cómo solucionar los problemas.

Con frecuencia los sindicatos del sector manifiestan que todos los problemas de la enseñanza se arreglarían invirtiendo más dinero en la enseñanza, es decir con más profesorado, mejores sueldos, menos horas de clase semanales, menos alumnos por clase, etc. Todo eso está muy bien, pero no es suficiente. Los estudios realizados sobre la mejora académica de los alumnos en función de los recursos invertidos, muestran que a partir de una cierta cantidad apenas hay mejoría. Un ejemplo de ello es el caso de País Vasco que pese a ser la Comunidad Autónoma que más invierte en enseñanza, en las pruebas PISA de 2015, quedó en la decimotercera posición.


En cambio Portugal, que en 2012 estableció exámenes externos al final del 4º año de la Secundaria, ha sido el país que más ha mejorado en las pruebas PISA de 2015.

4. CONCLUSIONES

1. La mayoría del profesorado (88%) considera que si se estableciera una reválida de la ESO a nivel de Estado, aumentaría el interés del alumnado en aprender, que es el principal problema que actualmente tenemos.

2. La reválida de la ESO también haría que disminuyeran las presiones sobre el profesorado para que apruebe a más alumnos, por lo que las calificaciones de los centros reflejarían más fielmente los conocimientos adquiridos por los alumnos.

3. La mayoría del profesorado (86%) considera que una reválida de la ESO contribuiría significativamente a disminuir el posible adoctrinamiento político partidista y a mejorar el nivel del alumnado de Cataluña en Lengua y literatura castellana.

4. El profesorado considera que gran parte del colectivo (50%) no dispone de suficiente autoridad para corregir los fallos de comportamiento del alumnado. Es pues imprescindible aumentar sus competencias en cuanto a hacer cumplir las medidas correctoras que establezca.

Barcelona, 14 de junio de 2018

Antonio Jimeno Fernández
Sindicat AMES
www.ames-fps.com
ames@ames-fps.com