Los errores y horrores de la ley Celaá

Los errores y horrores de la ley Celaá
Antonio Jimeno Fernández
Presidente del sindicato de profesores AMES

www.ames-fps.com

Este artículo ha sido publicado el "elCatalán.es" el 20/03/2020

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El pasado 3 de marzo de 2020 la ministra Isabel Celaá presentó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de una nueva ley de educación, la LOMLOE. Básicamente consiste en la anulación de todas las modificaciones que la LOMCE, la ley del PP, había introducido en la anterior ley del PSOE, la LOE. Paradójicamente anula unas modificaciones que nunca se han llegado a aplicar, porque el ministro de educación del PP, el señor Íñigo Méndez de Vigo, en lugar de ponerlas en práctica, priorizó llevarse bien con el PSOE y con los partidos nacionalistas, y las congeló.

A la ministra Isabel Celaá, en cambio, le ha faltado tiempo para hacer un nuevo proyecto de ley sin intentar antes llegar a un consenso con la oposición, lo que significa mantener la inestabilidad permanente de nuestro sistema educativo. El resultado de la rapidez de acción del PSOE frente a la pusilanimidad del PP, que nunca ha llegado a aplicar sus leyes, es que en España, desde 1990, siempre hemos seguido el modelo educativo del PSOE, primero con la LOGSE, luego con la LOE y en el futuro con la LOMLOE.

El fruto del modelo educativo socialista, el llamado "de aprobar sin esfuerzo", no puede ser más desolador. En las últimas pruebas PISA, las de 2018, España es el único país del mundo que no ha salido en la clasificación final. El motivo es que los resultados en comprensión lectora ha sido tan bajos, que los responsables de dichas pruebas decidieron no ponerlos. Pese a ello, en la futura LOMLOE no se intenta rectificar nada, sino facilitar aún más la obtención del título de ESO, de FP y de Bachillerato sin necesidad de esfuerzo.

De los cuatro grandes errores educativos que presenta el proyecto de ley de la ministra Celaá el más básico es la retirada de las evaluaciones externas con valor académico, las llamadas reválidas, al final de la ESO (nuevo Art. 29). El motivo por el que ello es un gran error es que al no existir ningún control externo de los centros por parte del Ministerio de Educación, éstos se ven obligados a aprobar a bastantes alumnos que no han llegado a los mínimos establecidos, porque si no lo hicieran, sus alumnos se irían a otros centros más permisivos y, pasados unos pocos años, deberían cerrar por falta de alumnos.

Otro problema derivado de la ausencia de estas reválidas es que muchos de los alumnos que se esfuerzan y estudian, al ver que también pasan de curso los que no lo hacen, acaban esforzándose menos y, por lo tanto, aprendiendo menos.

Por otro lado, en una situación como la actual, en la que se multiplican los casos de adoctrinamiento político partidista en las aulas, debido a que algunos gobiernos autonómicos las están utilizando como canteras de futuros votantes; y en un momento en el que en varias Comunidades Autónomas (Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco), en la práctica se ha excluido el castellano o español como lengua de comunicación entre profesores y alumnos, solo mediante las reválidas al final de la ESO, el Ministerio de Educación podría detectar si se está adoctrinando políticamente a los alumnos, si la Historia de España y la estructura del Estado que se les está enseñando es la real, si el nivel de castellano o español alcanzado es el establecido, y si las calificaciones en todas las demás materias reflejan realmente los conocimientos alcanzados por los alumnos.

Además, desde una perspectiva pedagógica, el hecho de tener que superar una prueba externa sería el gran estímulo que actualmente necesitan muchos alumnos de ESO para esforzarse más y así adquirir hábitos de trabajo. Sin estas reválidas estamos poniendo en peligro nuestro futuro como país, ya que si nuestros jóvenes tienen pocos conocimientos y poca capacidad de esfuerzo, difícilmente vamos a continuar siendo un país competitivo.

Otra de los errores que quiere cometer la ministra Celaá es impedir que en 4º de ESO hayan dos itinerarios, como establece la ley actual, la LOMCE (ver su Artículo 25), uno dirigido hacia la FP y otro dirigido hacia el Bachillerato, dos itinerarios en los que se prepararía a los alumnos para dos tipos diferentes de evaluaciones finales de ESO. Esta estructura es indispensable porque a cada alumno solo se le ha de pedir que aprenda aquello que puede aprender y que le conviene para sus estudios posteriores. Mantener juntos en la misma aula, aprendiendo las mismas cosas, a todos los alumnos hasta los 16 años, o hasta los 18 años en el caso de los alumnos que repiten curso, es perjudicar tanto a los que luego quieren cursar un Bachillerato como a los que quieren hacer una FP. A los primeros porque se avanza poco en las materias teóricas y a los segundo porque no se les está enseñando las materias prácticas y aplicadas que quieren aprender.

Otro de los graves errores de la señora Celaá es rebajar los niveles de exigencia, estableciendo que las juntas de evaluación de cada centro puedan dar el título de la ESO aunque los alumnos tengan muchas asignaturas suspendidas (Artículo 28) y el título de Bachillerato aunque los alumnos tengan una asignatura suspendida (Artículo 37). Se trata de un enorme disparate, porque lo primero que van a hacer bastantes alumnos es elegir qué asignaturas les cuestan más y las van a abandonar desde el primer día de clase, sabiendo que la ley se lo permite. Mal lo van a pasar los profesores que tengan muchos de estos alumnos en sus clases. Puede que estos alumnos no vayan a clase o que, si se les obliga a ir al aula, acaben siendo alumnos conflictivos. Además, como al profesorado no le gusta dejar a un alumno sin titular por una sola asignatura, salvo que la nota sea muy baja, van a haber muchos alumnos con el título de ESO y el título de Bachillerato con varias materias suspendidas. Esto es todo menos fomentar el hábito de trabajo y la capacidad de esfuerzo de nuestros jóvenes.

Otro de los grandes errores de la ley Celaá es delegar totalmente en las Comunidades Autónomas el uso o no del castellano o español como lengua vehicular (nueva disposición adicional trigésima octava, punto 4). Aunque en el redactado se dice que "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano", al no existir una evaluación externa por parte del Ministerio de Educación que permita constatarlo, esta frase es un puro brindis al Sol. Por otro lado, al haber eliminado que el castellano se debe utilizar en una proporción razonable, en el futuro ya no cabrá el recurso por parte de los padres, de iniciar un contencioso administrativo contra el colegio por haber excluido totalmente el castellano, ni el juez podrá emitir una sentencia contra el colegio indicando que se ha de impartir en castellano como mínimo un 25% de las horas lectivas, lo que equivale a impartir en castellano o español la asignatura de lengua castellana y dos asignaturas más.

El Consejo Escolar de Estado, un órgano que emite informes no vinculantes, pidió que se fijara una proporción mínima del uso de la lengua castellana como lengua común de todos los españoles, pero la ministra Celaá contestó que como el Estado se reserva el 55% en el reparto de las materias, con eso se asegura el aprendizaje oral y escrito del castellano en todo el territorio nacional. Esto no es verdad, porque si no hay unas pruebas externas dependientes del Ministerio que constate si los alumnos han alcanzado o no el nivel mínimo de castellano al que han de llegar al final de la ESO, cada Comunidad podrá continuar haciendo lo que le dé la gana, como pasa ahora.

La triste realidad es que si el uso corriente del español disminuye mucho, se pone en peligro la continuidad de España como un solo país, por falta de una lengua común entre sus ciudadanos. Es evidente que la ministra Celaá está dispuesta a colaborar en esa disminución del uso del castellano, porque ya lo hizo cuando estuvo al frente de la cartera de Educación en el País Vasco.

Otro de los errores de este proyecto de ley es el horroroso Artículo 120. 4, que permite que los centros, a los que su Comunidad Autónoma se lo permita, ya no impartan las asignaturas establecidas en la ley, sino que hagan las actividades educativas que quieran y pongan las notas que les dé la gana sobre los aspectos que consideren más adecuados. Evidentemente a los padres les será imposible saber si sus hijos realmente están aprendiendo algo.

Finalmente decir que otro de los errores de este proyecto de ley es suprimir la asignatura de Religión (anteriores Artículo 18.3 y Artículo 24.4). En un mundo en el que es imposible entender la historia de los pueblos, sus tradiciones y su arte sin unos mínimos conocimientos de las religiones, lo que se debería hacer es establecer que todos los alumnos deben conocer las principales religiones del mundo desde una perspectiva comparada. La religión comparada debería ser una asignatura obligatoria, evaluable y con el mismo peso en la nota final que las demás asignaturas.

Barcelona, 16 de marzo de 2020

Antonio Jimeno Fernández
Presidente del sindicato de profesores AMES

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