El gobierno podría acabar con el adoctrinamiento

El gobierno podría acabar con el adoctrinamiento. Antonio Jimeno. Profesor
Publicado en Crónica Global 29/06/2019

El lamentable incidente en la escuela Font de l'Alba de Terrassa, de una agresión por parte de una maestra a una niña de diez años, podría ser el principio del fin del adoctrinamiento político partidista en los centros educativos de Cataluña. Ello se debe a que los padres, además de denunciarlo ante la Consejería de Educación, lo han denunciado ante los mozos de escuadra. Y también a que la prensa no secesionista ha difundido la noticia y a que la ciudadanía catalana constitucionalista, viendo los objetivos políticos de la otra parte, ya se ha empezado a organizar en entidades muy activas.

Si los hechos denunciados son ciertos, es decir si ha habido una agresión física en el interior de la clase, con consecuencia de una dorsolumbalgía confirmada por un informe médico, y si el motivo ha sido que la alumna dibujó una bandera de España y escribió "viva España" en su cuaderno escolar, se trataría de una agresión física a un alumno de Primaria por motivos políticos, un hecho incompatible con la legislación educativa catalana (LEC), la española (LOMCE), los acuerdos en educación de la Unión Europea y con la Declaración de los derechos del niño de 1959.

Como el objetivo ha de ser solucionar este caso en concreto y con él otros casos similares, y no el azuzar un enfrentamiento entre partidos políticos que seguramente no aportaría ninguna solución, lo mejor sería que la maestra pidiera disculpas a la alumna de forma sincera y pública, es decir en el mismo lugar donde sucedieron los hechos. Solo esto permitiría que dicha maestra fuera considerada por todos como una maestra que sabe corregir sus errores, que sus relaciones con esta alumna fueran las normales y que esta alumna no tuviera ningún problema para volver a ir a dicho colegio.

Se equivocan los que piensan que lo mejor es animar a esta maestra a que niegue que ella haya hecho nada mal, a proponer al resto de los docentes que la han de defender simplemente porque es una compañera, y a incitar a los padres de otros alumnos a que la respalden para así apoyar al colegio. Con todo ello lo único que van a conseguir es que esta maestra pierda la oportunidad de rectificar un error y, además, convertir en cómplices de un maltrato a esos docentes y a esos padres.

Como el incidente ya ha llegado a la Consejería de Enseñanza de Cataluña, ésta tiene que actuar y tomar una decisión justa, es decir una decisión en la que la víctima no vuelva a ser la alumna, como sería el cambiarla de centro, ya que ello supondría una nueva injusticia. Tan poco puede ser prolongar durante el próximo año, la decisión tomada para los pocos días que faltaban para el final de curso, de que la maestra estuviera acompañada en ese aula por una segunda docente. La Consejería de Enseñanza no solo debe solucionar este problema concreto, sino todos los problemas similares y ello solo se puede conseguir estableciendo que los centros educativos han de ser políticamente neutrales, es decir estableciendo que en ellos solo estén autorizados los textos, las expresiones, las banderas y los símbolos que están recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que son las dos grandes leyes compartidas por todos, pero no los que solo representan las ideas que defienden unos determinados partidos políticos y que no están recogidos en los documentos anteriores.

Si la Consejería de Educación de Cataluña no estableciera la medida anterior y, por lo tanto, permitiera la continuidad del adoctrinamiento político partidista en las aulas, debería actuar el Ministerio de Educación. Lo primero que debería hacer es tener datos directos de lo que se está enseñando en cada uno de los centros de Cataluña. Esto lo puede conseguir realizando pruebas externas al final de la Primaria y al final de la ESO. Estas pruebas deberían estar diseñadas, pasadas y corregidas por tribunales constituidos por funcionarios docentes directamente dependientes del Ministerio. Estas pruebas, cuyasuperación debería ser imprescindible para acceder a la etapa educativa siguiente, no solo permitirían detectar si hay centros en los que la enseñanza se está utilizando con fines políticos partidistas, sino que permitirían garantizar a las familias que las calificaciones que reciben de los centros, realmente reflejan los niveles académicos alcanzados por sus hijos y comportaría un gran estímulo para que el alumnado se esforzara más en aprender.

Se trata de una medida eficaz y que, además, no precisa ni de una nueva aplicación del artículo 155, ni de la recuperación de las competencias educativas por parte del Estado. La Consejería de Educación de Cataluña continuaría asumiendo todas las competencias educativas, excepto la de concesión del título de haber finalizado satisfactoriamente la enseñanza obligatoria. Es lógico que sea así, ya que esta es una competencia exclusiva del Ministerio de Educación y no es lógico ni bueno que la siga delegando, cuando hay una abrumadora cantidad de pruebas que demuestran que se están enseñando contenidos y valores contrarios a nuestro ordenamiento.

Aprovechar la enseñanza para introducir en los niños y adolescentes unas determinadas ideas políticas, es una gran tentación para los partidos que quieren cambiar radicalmente un país por los siguientes motivos: porque en las primeras etapas de la vida es cuando resulta más fácil introducir los sentimientos de pertenencia a un grupo y a unas ideas, porque solo dos años después de acabar estos estudios estos alumnos ya tienen derecho a votar, porque casi nadie se entera de lo que realmente se está promoviendo en las aulas y porque además todo ello lo paga el propio Estado que quieren romper.

En el siglo XXI los grandes cambios sociales ya no se hacen mediante revoluciones violentas, actos terroristas o declaraciones de guerra, se hacen desde las escuelas y desde los medios de comunicación. Por eso es imprescindible que la sociedad detecte lo que está pasando y lo evite. El próximo curso el gobierno de España podría acabar con el adoctrinamiento escolar y si no lo hace, habrá que buscar a otro.

Antonio Jimeno
Profesor

 

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